Acceso a la Justicia y Derechos Humanos

Derecho fundamental y condición previa al goce efectivo de todos los derechos garantizados por las normas internacionales, regionales y nacionales, el acceso a la justicia es una cuestión global y piedra angular de todos los mecanismos judiciales o cuasi-judiciales de protección de los derechos Humanos.

 

Este postulado está, hoy en día, sólidamente arraigado en los sistemas internacionales, regionales y nacionales de protección de los derechos Humanos. El artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, tal como fue comentado por el Comité de Derechos Humanos en su observación general No 32, garantiza una sólida base normativa para asumir las diferentes cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia. Los Principios fundamentales relativos a la independencia de la magistratura, los principios directivos aplicables al papel de los magistrados de los tribunales, los Principios de Bangalore sobre la deontología judicial y los principios básicos relativos al papel del Colegio los abogados, que define las condiciones normativas mínimas y previas para asegurar un acceso equitativo a la justicia.

 

Más recientemente, la comunidad internacional, ha expresado, en la resolución 67/1 de la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre del 2012, su voluntad de garantizar "el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluyendo a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables". La resolución A/C.3/67/L.34/Rev.1 sobre los derechos Humanos en la administración de justicia, adoptada por la misma asamblea el 16 de noviembre del 2012, pone un especial énfasis sobre un aspecto vinculado, fundamentalmente, al acceso a la justicia, a saber, el acceso a los servicios de apoyo y de asesoramiento jurídico. En el mismo sentido, la Declaración de Johannesburgo sobre la aplicación de los principios y líneas directrices de las Naciones unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en el sistema de la justicia penal (26 de junio del 2014), incitó a los Estados a integrar el acceso equitativo a la justicia y a la asistencia jurídica, en tanto que objetivos en el programa de desarrollo de los horizontes del 2015. En cuanto a los sistemas jurídicos internos, 16 Constituciones nacionales reconocen, actualmente, el derecho del acceso a la justicia

 

Por otra parte, esta temática emerge con fuerza en la agenda de los agentes internacionales de derechos Humanos, como lo muestra, por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo sobre la habilitación jurídica de los pobres, los diferentes programas de la ONUFEMMES para el reforzamiento del acceso de las mujeres a la justicia, la Declaración de la Comisión Internacional de Juristas, del 12 de diciembre del 2012, relativa al acceso a la justicia y al derecho al recurso en los sistemas internacionales de Derechos Humanos, los trabajos de la Federación internacional de las ligas de los derechos Humanos sobre las víctimas y el acceso a la justicia, y la de la ONG World Justice Project sobre el índice del estado de derecho y el acceso a la justicia.

 

Esta visibilidad creciente de la cuestión del acceso a la justicia no debe ocultar los desafíos diarios que enfrentan, particularmente, los pobres y los grupos vulnerables para acceder a la justicia. Estos desafíos jurídicos y prácticos, pueden ser aprehendidos, más allá de la diversidad de los sistemas jurídicos y judiciales, de una manera global, y necesitan respuestas, a la vez globales y locales.

 

1.- El primer desafío está vinculado a la accesibilidad (en el sentido normativo y práctico) a la justicia por los pobres y los grupos vulnerables. Este desafío no debe ser analizado, solamente, desde el punto de vista socio-económico, sino también desde una perspectiva jurídica. Cuestiones como el acceso de los pobres y los grupos vulnerables a documentos formales que demuestran ciertas situaciones jurídicas (los bienes, el trabajo, la renta, el matrimonio, la residencia regular,...) son cuestiones todas que muestran los límites de los sistemas administrativos en los diferentes sistemas de contenciosos.

 

2.- El segundo desafío es relativo a la protección judicial de los pobres y de los grupos vulnerables. Este desafío es transversal y concierne, también, diversos aspectos, como la ordenación de los procedimientos de las personas discapacitadas, la despenalización de las infracciones menores y los delitos de estatuto, el reforzamiento del estatuto de las víctimas, en especial, los más vulnerables, en los procesos judiciales. En el mismo sentido, se inscriben las cuestiones relacionadas con la introducción de las penas alternativas, los modos alternativos de resolución de los conflictos, las perspectivas de justiciabilidad de los derechos económicos y sociales, así como la inclusión de la dimensión del género en los sistemas judiciales.

 

3.- El tercer desafío concierne la convergencia de las bases normativas y jurisprudenciales, nacionales, regionales e internacionales, relativas al acceso a la justicia y a la protección judicial de los grupos pobres y los grupos vulnerables. Tres ejemplos pueden ser evocados a este respecto: la dispersión del corpus interpretativo (los cometarios generales de los órganos de los tratados, las recomendaciones de los titulares de los mandatos de los procedimientos especiales); la complejidad del proceso de integración, de geometría variable, reglas surgidas de la jurisprudencia de las cortes regionales de derechos Humanos en las legislaciones nacionales, y la cuestión del establecimiento de la convergencia de la jurisprudencia de los tribunales en materia del acceso a la justicia y la protección de los pobres y los grupos vulnerables, especialmente en los sistemas judiciales que han optado por las autoridades especializadas. En el mismo contexto se enmarca la reflexión sobre las mejores medidas a tomar para garantizar la movilización de la ley internacional de los derechos Humanos por las jurisdicciones internas, y fortalecer los procesos de armonización de los ordenamientos jurídicos internos de los tribunales.

 

4.- El cuarto desafío es transversal y concierne los medios y las herramientas que tienen que movilizarse para asegurar el acceso efectivo a la justicia. Una de las cuestiones principales ligadas a este desafío está vinculada a la difusión de las innovaciones y las mejores prácticas en materia de la asistencia jurídica y judicial, como las clínicas jurídicas. La complementariedad entre los papeles respectivos de los abogados, de la sociedad civil y de la universidad, en materia de la asistencia jurídica y judicial constituye una perspectiva prometedora para estudiar. En el mismo contexto, se discutirán las vías de movilización del patrimonio de las normas consuetudinarias desarrolladas por los pueblos autóctonos para enriquecer la paleta de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en el estricto respeto de la universalidad y de la indivisibilidad de los derechos Humanos.

 

Para discutir estas cuestiones, la Asociación ADALA y sus socios proponen organizar un foro temático en torno a cinco líneas:

 

1- Para una justicia accesible a los pobres y a los grupos vulnerables (desafíos jurídicos y socioeconómicos);

2- La protección judicial de los pobres y los grupos vulnerables (la habilitación procedimental de los grupos vulnerables);

3- Los desafíos de la convergencia de las bases normativas y jurisdiccionales, nacionales, regionales e internacionales, relativas al acceso a la justicia y la protección judicial de los grupos pobres y de los grupos vulnerables;

4- El acceso de las mujeres a la justicia, a la luz de la labor del grupo de trabajo, encargado de la cuestión de la discriminación contra la mujer, en la legislación y en la práctica, y la de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias;

5- El reforzamiento del acceso a la Justicia: los medios, las herramientas, los recursos y los métodos.