Discapacidad y Derechos Humanos

El informe mundial sobre discapacidad, elaborado en 2011, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, afirma que la discapacidad concierne al 15% de la población mundial. Según varios estudios de las instancias internacionales y regionales, la mayoría de esta población vive en condiciones desfavorables, en lo que atañe a los derechos fundamentales. El informe mundial, en este sentido, confirma que las personas con discapacidad en los países pobres, “tienen un riesgo superior al 50%, respecto a la población sin discapacidad”.

Las situaciones de discapacidad se caracterizan por la precariedad y los obstáculos con los que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias. Estas dificultades pueden ser políticas, legislativas, financieras. La falta de datos fiables y la precariedad de los servicios acentúan las discriminaciones respecto a dichas personas (PESH).

Según el informe elaborado por la UNICEF en 2013, sobre la situación de los niños discapacitados en el mundo, “casi 93 millones de niños viven con una discapacidad moderada o grave”.

Implementar los derechos de las personas en situación de discapacidad es un reto fundamental. Es un elemento revelador de la capacidad de las sociedades para asumir su propia diversidad. Las personas en situación de discapacidad han vivido una larga historia de discriminaciones, exclusión e invisibilidad en todo el mundo. La discriminación es la consecuencia de las percepciones culturales y de una organización social basada en la visión individual de la discapacidad, que no reconoce la diversidad como condición inherente a la humanidad.

El Convenio Internacional de los derechos de las personas discapacitadas (CPDH), ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Sin embargo, a pesar de la urgencia de los Estados en ratificarlo, su puesta en marcha se caracteriza por su lentitud. A diferencia de los países del norte, donde el imperativo de la defensa de los derechos humanos está arraigado, los países en vías de desarrollo se enfrentan a menudo a otras prioridades, que excluyen de sus enfoques el tema de la discapacidad.

El instrumento de los Derechos Humanos confirma la plena participación de las personas en situación de discapacidad y el disfrute de todos sus derechos, convirtiendo de esta manera la ciudadanía en un corolario inquebrantable. El convenio acredita igualmente los dispositivos con el fin de implementar los derechos de dichas personas en su diversidad. Las personas en situación de discapacidad, en este sentido, no tienen que quedarse excluidas de la gestión política, tanto como votantes como electos.

En efecto, los instrumentos internacionales de los Derechos Humanos, y particularmente, el Convenio, son primordiales para dicha población, sobre todo, para que su participación política al servicio de la comunidad, se refuerce significativamente.

La instrumentación de políticas públicas que garanticen los derechos de esta categoría de personas, necesita herramientas de colecta sistemática de datos, capaces de ofrecer información cuantitativa y cualitativa sobre las vivencias y los costes de la discapacidad.

El seguimiento de las políticas y los presupuestos públicos incumben a las organizaciones de las personas en situación de discapacidad y sus familias. Su concretización está fuertemente relacionada con la implementación de instancias, en cuya gestión la implicación de dichas personas es fundamental. En la actualidad, los países que disponen de dichos instrumentos son muy limitados. En las sociedades que los integran, surge la dualidad con las instituciones nacionales de Derechos Humanos; de ahí la necesidad de desarrollar una visión común integrada, que sirva para desarrollar las líneas directrices, que permitan un seguimiento eficiente.

Consciente de la débil implementación del derecho internacional de los derechos humanos y la persistencia de los múltiples obstáculos, la comunidad internacional ha multiplicado las acciones para explicar y promocionar los dispositivos de la CDPH. A lo largo de estos últimos dos años, ha centrado sus debates en torno a los OMD post-2015. El análisis de los indicadores y los aferentes ha revelado que el “main streaming” de la discapacidad en el desarrollo es una prioridad, dada la relación que existe entre la discapacidad y la pobreza.

Las negociaciones en curso sobre los objetivos futuros de los OMD constituyen un reto fundamental, que debería movilizar a los Estados, el sistema de la Naciones Unidas y los organismos de las personas en situación de discapacidad, con el fin de garantizar una mejor protección de sus derechos.

A pesar de los esfuerzos realizados por la preservación de los derechos de las mujeres y la adopción de leyes en muchos países, la cuestión de la mujer discapacitada sigue oculta, como lo confirma la Observación general nº 18 del Comité CEDAW. La lucha de las mujeres discapacitadas para plantear su causa sigue siendo muy deficitaria en muchos países. Desde este punto de vista, la intervención de todas las partes implicadas es esencial.

Cualquiera que fuera la discapacidad (motriz, visual, auditiva o mental), la accesibilidad debe estar garantizada para las personas discapacitadas. Reuniendo la INDH, los gobiernos, los mecanismos de Naciones Unidas, las organizaciones de las personas discapacitadas y sus familias y los organismos de la sociedad civil, este foro es una oportunidad real para un enfoque transversal y global de los derechos de las PESH en el conjunto de las actividades programadas. Es también la ocasión de reunir el conjunto de todas las partes implicadas para reivindicar estos derechos.

A la vez que llamamos a una concienciación transversal sobre la cuestión de la discapacidad, destinamos un foro temático a las personas discapacitadas, para fomentar de esta manera su inclusión.

El foro temático aborda las siguientes cuestiones:

  • Mecanismos internacionales;
  • Políticas públicas y discapacidad, ¿qué medidas de protección y de acceso a los derechos?
  • Sociedad y percepción de la discapacidad;
  • Discapacidad y accesibilidad universal: edificios, servicios, transportes, y comunicación;
  • Discapacidad y derecho a la formación, a la educación;
  • Sociedad civil y discapacidad;
  • Discapacidad y derechos políticos;
  • Discapacidad y derecho al trabajo;
  • Información.